El pasado miércoles 4 de diciembre
resonaba en todos los medios de comunicación la explosión de saqueos en Córdoba
-donde De la Sota es gobernador-, producidos en el marco de una disputa
salarial de la policía de esa provincia que se había acuartelado.
No es casual que explote un
conflicto policial en la provincia que fue noticia por el “narcoescándalo” y
que obligó al poder político, expuesto claramente como cabeza de la corrupción,
a intentar despegarse de la complicidad en dicho caso, decapitando parte de la
cúpula policial provincial, donde fueron detenidos el ex titular de la
Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, comisario Rafael Gustavo Sosa,
el comisario Alberto Saine, el oficial Franco Argüello, los suboficiales Fabián
Peralta Dátoli y Mario Osorio, ¡todos dependientes de organismos vinculados a
combatir la droga!
La deslegitimidad de la fuerza represiva ante tamaña
olla destapada tenía que ser saldada por cualquier medio, ya que esta es una de
las que garantiza la coerción física hacia cualquier reclamo genuino de la
clase trabajadora y es la primer fuerza de choque legal de la burguesía.
Redondo, como grande de muzzarella, fue el negocio de los policías cordobeses
acuartelados tras los, raramente coordinados, saqueos producidos en la ciudad
al estar liberada la zona. Consiguieron por un lado recuperar el “respeto”
perdido en los últimos meses tras el bochornoso escándalo y una suba en sus
salarios.
Si bien el caso de la policía de
Córdoba conoció la luz y fue noticia, es harto sabido por todos que la policía,
tanto en esa provincia, como en el resto del país es cómplice de los distintos
gobiernos de turno, no solo en su papel de “perro guardián” del orden
establecido, sino también de los actos delictivos de mayor calibre, ya sea
drogas, armas, prostitución, etc. Y el caso Cordobés sirve como botón de
muestra de lo que planteamos, pero no es el único, ya que si bien no son
mostrados por los medios masivos de comunicación de la “corpo” ni de la
“korpo”, las fuerzas represivas del estado son las que obligan a robar para
ellos a los pibes de nuestros barrios; claro ejemplo es el de Luciano Arruga,
donde si te negás a ser mano de obra de la policía, te desaparecen. Son los que
asesinan luchadores populares, como el caso de Darío y Maxi y el de Mariano
Ferreyra (aunque en esta última fueron cómplices liberando la zona)
garantizando la explotación y los privilegios a la clase dominante.
Ahora bien, sin profundizar en la
disputa interburguesa dentro del Partido Justicialista (PJ), mientras la
noticia de los saqueos seguía resonando y la posible prolongación de los mismos
-pero esta vez en el conurbano bonaerense-, Cristina Fernández de Kirchner le
tomaba juramento a la nueva ministra de seguridad, María Cecilia Rodríguez y al
nuevo titular del Sedronar (Secretaría de Programación para la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico), el sacerdote Juan Carlos Molina. En un nuevo intento
de reconciliación de la sociedad con las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad
y la iglesia católica, y otro avance represivo a los trabajadores y el pueblo.
Por todo esto es nuestra
obligación como jóvenes revolucionarios organizarnos y responder a la violencia
constante del sistema capitalista con una fuerte autodefensa de masas enmarcada
en la lucha por el Socialismo.